ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado ponente


AC7511-2017

Radicación n° 63001-31-03-001-2013-00551-01

(Aprobado en sesión de quince de agosto de dos mil diecisiete)


Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).-



Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por MARTHA OFELIA HENAO DE VASCO para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia de 24 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso verbal adelantado por la recurrente contra LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.


ANTECEDENTES


1. La accionante pidió declarar que la convocada incumplió pagarle la cobertura amparada con la póliza número 1003254, y que como consecuencia debe condenársela a cancelarle la suma de ciento cuarenta y tres millones de pesos ($143.000.000), junto con los intereses moratorios  desde el 14 de marzo de 2012, fecha en que fue objetada la reclamación, hasta el momento en que se verifique la solución del valor reclamado.


2. Como causa petendi, la gestora indicó que (fls. 76 a 85 del c. 1):


2.1. Adquirió el mencionado seguro con vigencia entre el 25 de julio de 2011 y el 25 de julio de 2012, para proteger sus bienes, concretamente, la finca Puerto Amor, ubicada en el municipio de La Victoria, Valle del Cauca.


2.2. El 20 de diciembre de 2011 y con apoyo de un informe técnico de un ingeniero civil, presentó reclamación a la aseguradora, con el fin de obtener la indemnización por los daños que sufrió el inmueble en la vivienda, piscina y jacuzzi, ocasionados el 14 y 15 de diciembre del prenombrado año.


2.3. El 14 de marzo de 2012, la accionada objetó la “reclamación”, porque según las exclusiones pactadas, el seguro no indemniza los daños causados por “infiltración” y “polución”.


2.4. El 19 de septiembre siguiente, la compañía enjuiciada desestimó la petición de “reconsideración” hecha por la beneficiaria del seguro.


2.5. El siniestro de los bienes amparados tuvo como causa directa las fuertes lluvias torrenciales en la zona, fenómeno natural incierto y ajeno a la voluntad del tomador. 


3. La aseguradora contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones y planteando las excepciones de mérito denominadas “cumplimiento de las obligaciones del contrato de seguros por [la demandada]”, “inexistencia del contrato de seguros”, “inexistencia de la obligación por parte de la [convocada]”, “riesgo excluido”, “la genérica” y “prescripción” (fls. 141 a 169). 


4. La primera instancia se clausuró con sentencia dictada el 18 de agosto de 2015, por medio de la cual el a-quo resolvió (i) declarar probada la defensa intitulada riesgo excluido; (ii) denegar las súplicas del pliego introductor; y (iii) condenar en costas a la peticionaria (fl. 278).


5. La apelación interpuesta por la demandante se desató con providencia emitida en la audiencia celebrada el 24 de noviembre de 2015, que confirmó lo decidido por el juzgador de primer grado (fl. 25 del c. de alzada).


6. La vencida formuló casación el 24 de noviembre de 2015 que, concedida por el ad-quem y admitida por la Corte, sustentó con el escrito que se examina (fls. 6 a 13 de este cuaderno).




LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Su fundamentación, en síntesis, es la que a continuación se relaciona:


1. Por lo apelado, solo compete establecer si la entidad demandada acreditó que el siniestro reclamado no es objeto de cobertura por estar excluido, según lo pactado en la póliza “de todo riesgo, incendio y/o rayo No. 1003254”.


La respuesta a ese cuestionamiento es positiva, porque en el litigio se demostró que las averías del bien de propiedad de la accionante son consecuencia directa de “infiltración y polución”, fenómenos que en su origen o extensión fueron previstos como causa de exclusión de amparo en el literal “P”  de la condición primera, incluida en las condiciones generales de la citada póliza.   


2. En la póliza suscrita se especificó como objeto de riesgo la Finca Puerto Amor de la Vereda Rivera Alta, La Victoria, Valle del Cauca, amparándose de incendio y/o rayo, gastos de preservación de los bienes, cobertura incendio todo riesgo, terremoto y temblor, entre otros.


Dentro de las condiciones generales se estableció que la entidad aseguradora indemnizaría a la asegurada, las pérdidas o daños materiales que ocurran a consecuencia de un evento imprevisto, accidental y repentino en los bienes asegurados por un hecho o riesgo no específicamente excluido.


De ese modo, se consagró que no repararía los daños materiales que, en su origen o extensión, sean causados por: “(…) P. INFILTRACIÓN Y POLUCIÓN”.


3. Según las pruebas, la empresa aseguradora no está obligada a indemnizar los daños reclamados, pues, se demostró que los fenómenos de infiltración y polución son causa directa de los deterioros en muros, pisos y desplazamiento en paredes. En efecto:


3.1. El representante legal de La Previsora S.A. expuso que en este caso se aseguran las edificaciones y no los terrenos, pero como se encontraron infiltraciones de aguas lluvias en el suelo que produjeron hundimiento y colapso de la casa y otras construcciones, era inviable la reclamación.


3.2. El perito designado dictaminó un alto grado de deterioro en la construcción; que el terreno es de poca permeabilidad, lo cual impide la filtración de grandes cantidades de lluvia a los estratos inferiores; y que alrededor de la vivienda existen unos canales hechos manualmente con el objeto de que el líquido corriera por el lote, pero al infiltrarse llega a los niveles más bajos, es decir, a la parte norte del predio donde se construyó la piscina, lo que de manera paulatina genera humedad y afecta la cimentación que soporta la carga de la estructura sobre la cual se edificó o se construyeron los muros de la vivienda, descartando que el solo fenómeno de aguacero torrencial pudiera ser la causa de los daños observados. Explicó que “la infiltración” es un proceso utilizado por el agua para correr y buscar salida a los niveles topográficos más bajos y que en este caso, esta acumulación del líquido se presentó porque el agua se reúne de la parte sur, occidental y oriental, hasta llegar al norte del terreno y recorrer un lado de la construcción; que “la polución” refiere a la contaminación del medio ambiente y puede darse por agua o aire, y la “tubificación” está relacionada con un problema erosivo, en el que las partículas pequeñas de la roca corren y forman una especie de tubo o cavernas. Concluyó que en este caso no hay duda de que en el predio se presentaron los fenómenos de “infiltración y polución”, por asentamiento del suelo, lo cual afectó la sedimentación y generó los daños en la estructura, sin que se requiera de mayores estudios para determinar su origen.


3.3. El declarante Luis Fernando Montoya Ayala, ajustador externo de la Previsora S.A., dijo que en enero de 2012 visitó el predio asegurado con el objeto de presentar informe del siniestro y allí observó que el agua descendente del nivel superior del inmueble era recogida en las instalaciones de la casa, la cual se encontraba cerca de la cañada, cuya situación mostraba una fuerte influencia de la humedad; además, que le llamó la atención de que a la vivienda le habían desmontado toda la cubierta, ya que esta circunstancia pudo agravar los daños en su estructura, pues los pisos estaban rotos, los muros totalmente inclinados y de manera general se advertían deterioros, lo que permitía inferir que existían de tiempo atrás y que no fueron causados por las lluvias repentinas referidas en la reclamación.


3.4. Paulo César Mesa Martínez en su testimonio expresó que como ingeniero externo de Seguros Generales Suramericana S.A., inspeccionó en el año 2010 la finca de la demandante, advirtiendo que la piscina y el quiosco estaban completamente averiados, debido al desplazamiento del piso y desnivel en las plaquetas de concreto, que son indicios de la presencia de una falla geológica, pues se trataba de una deficiencia considerable en el suelo que pudo originarse por un movimiento súbito, de carácter progresivo y degenerativo en el tiempo; además, como al respecto no existía un estudio técnico para controvertir que el hecho fuera incierto y repentino, por la entidad aseguradora se decidió pagarle el siniestro a la accionante, sin renovar la póliza contratada al establecerse que en un futuro el mismo podía acrecentar; finalmente, explicó que la falla geológica no genera infiltraciones, pero si llueve se pueden presentar porque es una grieta existente en el suelo.


4. Se concluye de lo precedente, que el siniestro reclamado por la accionante no es objeto de cobertura por estar excluido. En este sentido, la parte demandada cumplió con probar que las averías en las construcciones del bien de propiedad de la accionante eran consecuencia directa de “infiltración y polución”, pues, estos fenómenos en su origen o extensión,  se han previsto como causa de exclusión de amparo en el literal “P”  de la condición primera, incluida en las condiciones generales de la antedicha póliza.  


5. La mencionada causal de exclusión está revestida de claridad, porque no contiene enunciados oscuros o ambiguos que distorsionen su finalidad.


6. No se acogen los argumentos del apelante acerca de que la “infiltración y polución” solo está restringida a las construcciones existentes en el terreno, pues, como se vio éstos son fenómenos propios del suelo en el que se edificó o se establecieron las mejoras.


LA DEMANDA DE CASACIÓN

ÚNICO CARGO


Con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se censura la sentencia del Tribunal por violar indirectamente los artículos 1618 y 1622 del Código Civil, y 1056, 1072, 1077, 1080, 1083, 1089 y 1110 del Código de Comercio, a causa de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación del contrato de seguro, “específicamente de la exclusión contenida en el literal p de la condición primera de las condiciones generales”.


En el desenvolvimiento del ataque, se afirma lo siguiente:


1. A la hora de interpretar el mencionado literal de las condiciones generales de la póliza, el juzgador de segunda instancia infirió, de forma equivocada, que la infiltración y polución, para configurar la exclusión pactada, podían materializarse en el terreno donde se encuentra la edificación, o en la construcción misma, cuando lo asegurado fue esto último, aspecto que incluso reconoció cuando planteó el problema jurídico a resolver, e hizo referencia al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada.


2. Así pues, el desatino protuberante se materializó en la sentencia, al concluirse que “no se acogen los argumentos del apelante acerca de que la infiltración y polución solo está restringida a las construcciones existentes en el terreno, pues como se vio, estos son fenómenos propios del suelo en el que se edificó o establecieron las mejoras”.


3. Pues bien, si el siniestro se produjo por infiltración y polución en el terreno donde se encontraba la edificación -lo que no se discute-, se tiene que “inferir que dicha situación no afectó de manera directa el bien asegurado”, con lo que erró el ad-quem al exponer que esa circunstancia “se enmarca dentro de la exclusión alegada”. 


4.  Se infringieron las normas atrás relacionadas, porque el fallo “no se allanó” a lo pactado por las partes en el contrato de seguro, en el sentido que lo asegurado era “la edificación y no el terreno”; se hizo valer una exclusión materializada en un bien no amparado; y se desconoció la materialización del riesgo en la construcción, con la consecuente condena por el siniestro y los intereses moratorios establecidos.


CONSIDERACIONES


1. A pesar de que el Código General del Proceso entró a regir de manera integral el 1° de enero de 2016, según el Acuerdo PSAA15 - 10392 del 1º de octubre de 2015, el examen de la presente demanda de casación no se hará a la luz de ese estatuto, pues, según las normas sobre tránsito de legislación allí consagradas, artículos 624 -modificatorio del 40 de la Ley 153 de 1887- y 625-5, los recursos ya interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando “las leyes vigentes cuando se interpusieron”, y como el que ahora ocupa la atención de la Sala fue formulado el 24 de noviembre de 2015, es decir, bajo el imperio del Código de Procedimiento Civil, será este ordenamiento, con sus modificaciones y adiciones, el que siga gobernándolo.


2. El escrito que sustenta la impugnación extraordinaria debe sujetarse a los requisitos formales y técnicos  establecidos en los artículos 374 ibídem y 51 del Decreto 2651 de 1991, so pena de su inadmisión y consecuente deserción del recurso.


3. Esas exigencias fueron desatendidas en el único cargo propuesto, según las razones que pasan a exponerse:


3.1. Atendiendo el carácter extraordinario del recurso de Casación, la Corte ha preconizado que cuando la denuncia estriba en la violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho, la labor del censor es demostrar que el Tribunal cometió un desafuero claro y evidente al asumir el contenido del material probatorio,  que incidió o repercutió en el sentido de su fallo.


En tal medida, la Sala ha sostenido que las modalidades que adopta la equivocación están signadas por la suposición y la preterición, ora porque el juzgador dé por obrante un medio suasorio que no obra en el plenario o adicione uno con elementos que no contiene, o bien porque deje de apreciar, sin razón atendible, uno militante en los autos o cercene su alcance.


De lo que se establece que, en punto a esta causal, la tarea que atañe al casacionista consiste en poner de presente lo que objetivamente se desprende de esas pruebas; mostrar lo que por su lado el Tribunal extrajo equivocadamente de ellas o dejó de establecer; hacer un cotejo entre una y otra percepción, para así evidenciar el yerro, que debe ser protuberante; y, finalmente, dar cuenta de que su relevancia en la decisión que reprocha es de tal grado que vulnera una norma sustancial, al punto que de no haberse incurrido en este, el fallo habría sido favorable a sus intereses. Todo ello de forma nítida y sencilla, pues, de lo contrario el cargo dejaría de ser claro; es decir, no hay lugar a complicadas reflexiones conceptuales que no pocas veces arropan la sinrazón del ataque.


No es, pues, ésta la oportunidad para que el inconforme retome el litigio en su integridad y mediante un elaborado discurso proponga una “mejor” interpretación del caudal probatorio acorde con su interés, porque situación semejante no sería más que la encumbrada persistencia en la discrepancia inicial, en la que ex - novo pudiera examinarse la cuestión litigiosa como si se estuviera ante una tercera instancia, desechando la presunción de acierto con que viene cobijada la decisión del ad-quem y desnaturalizando la finalidad de este mecanismo extraordinario.


Lo anterior cobra máxima importancia cuando la discusión se erige en torno a un contrato, puesto que, en principio, la mayoría de las veces, sin duda que la queja traída no es sobre la materialidad del mismo y sus cláusulas, sino sobre su interpretación, aspecto que roza la discreta autonomía de que están dotados los jueces y que por lo mismo, salvo ostensibles desviaciones, no puede ser controvertido en esta sede, so pena de invadir esa libertad que el artículo 230 constitucional les reconoce.


Así las cosas, la labor del casacionista no es presentar la deducción del acuerdo de voluntades que más le conviene, toda vez que para ello ya tuvo y agotó las instancias, sino demostrar que el fallador de la segunda asumió su materialidad objetiva de manera opuesta a lo que se desprende de este, para lo cual debe enmarcar su reproche en alguna de las categorías que se han relacionado: suposición o preterición.


3.2. Con el acento puesto en el libelo de casación de que aquí se trata, el ataque que se formula únicamente apunta a mostrar una opinión diferente a la del ad-quem sobre el contrato de seguros ajustado entre las partes, y las condiciones generales de la respectiva póliza de “todo riesgo, incendio y/o rayo”; según la cual, al no estar amparados los terrenos, la exclusión del literal P), relativa a “INFILTRACIÓN Y POLUCIÓN”, hace que esos fenómenos solo puedan predicarse de la construcción o edificación, que es el bien asegurado.


Ciertamente que, antes que evidenciar el desatino fáctico en la contemplación objetiva del acuerdo de voluntades y sus condiciones específicas, o la contraevidente deducción que de ellas pudo aflorar, la opugnante se dedica a anteponer su propio parecer en torno a esos puntos, en el intento de demostrar que ante la ocurrencia del siniestro –aspecto no discutido-, las salvedades esgrimidas por la aseguradora y que el Tribunal hallo debidamente probadas, se hicieron valer en un bien no amparado (terrenos).


Todo lo anterior, por sugestivo que pueda parecer el argumento de la actora, no supera el umbral del alegato de instancia, en cuanto plantea una renovada hermenéutica, en torno a un tema contemplado en toda su extensión por el Juzgador, al punto que previo el detallado estudio del interrogatorio de parte de la demandada, del dictamen pericial rendido por el experto designado por el juzgado, y de las declaraciones de Luis Fernando Montoya Ayala y de Paulo César Martínez Mesa, concluyó que “el siniestro reclamado por la accionante no es objeto de cobertura por estar excluido”, y lo más importante, que “no se acogen los argumentos del apelante acerca de que la ‘infiltración’ y ‘polución’, solo está restringida a las construcciones existentes en el terreno, pues como se vio éstos son fenómenos propios del suelo en el que se edificó o se establecieron las mejoras”.   


3.3. Además, estando apoyado el raciocinio del Tribunal no solo en la literalidad de la póliza y de sus condiciones generales, sino en las otras pruebas relacionadas en el párrafo precedente, la acusación resulta incompleta, por reprochar, exclusivamente, la indebida valoración del mentado acuerdo de voluntades.


4.        Por último, vale señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 del Código de Procedimiento Civil y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.


5. Colofón de todo lo que antecede, es que se inadmitirá la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarará desierta la opugnación.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE la demanda presentada para sustentar el recurso de casación que la demandante MARTHA OFELIA HENÁO DE VASCO interpuso frente a la sentencia de 24 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro del proceso verbal adelantado por la recurrente contra LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS.


Por consiguiente, DECLARA DESIERTA la impugnación extraordinaria.


Notifíquese y, en oportunidad, regrese el expediente al Tribunal de origen.




LUIS ALONSO RICO PUERTA

Presidente de Sala


MARGARITA CABELLO BLANCO

Ausencia justificada



ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA